El bloqueo de muchas vías al interior del país causa preocupación en el régimen por la falta de alimentos, vacunas contra el COVID, combustible para la movilización y medicinas para los centros asistenciales que deben seguir atendiendo a los pacientes.                   

El Presidente Ivan Duque, sigue en proceso de diálogo con algunos sectores políticos del país, pues ha incumplido ofrecimientos anteriores. los manifesatntes, rechazan la desigualdad y el aumento de la pobreza, piden que haya cambios estructurales en la Policía ante el aumento de la violencia, se resisten a una reforma a la salud, quieren que se cumpla el acuerdo de paz que se firmó en 2016 especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y de excombatientes. Ahora, los desmovilizados y ciudadanos en general que respaldaron el proceso piden que sean cumplidos los compromisos, especialmente los puntos referentes a garantizar la vida y la seguridad de quienes dejaron las armas,  pues hasta finales de abril, Comunes, el movimiento político de la antigua guerrilla, informaron que 269 firmantes del proceso de paz han sido asesinados.

A esto se suman las muertes de líderes sociales. El pasado 20 de abril, el mecanismo de justicia transicional llamado Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) informó que al menos 904 han sido asesinados desde 2016. La vida de esas personas “está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques” que han padecido desde la firma del pacto, indicó el organismo.

Garantizarles seguridad parece ser uno de los grandes puntos de choque con el Gobierno que heredó el proceso de paz. Legisladores del oficialismo afirman que algunos de los excombatientes muertos perdieron la vida mientras delinquían, lo que para muchos deja su seguridad a la deriva y la actual Administración les incumple.