Esta vez expuso Jorge Escala, expresidente de la Unión Nacional de Educadores quien a su criterio, es necesario que la Función Legislativa impulse un proceso de control y fiscalización política dirigido a aquellos funcionarios que no han cumplido lo estipulado en la Ley de Educación Intercultural reformada, a pesar de que muchos de los plazos están vencidos.

También, solicitó a la mesa legislativa la comparecencia de los ministros de Educación y de Finanzas, así como del presidente y los vocales del Consejo Directivo del IESS, para que informen las medidas aplicadas para el cobro de glosas y títulos de crédito, que contienen obligaciones de aportes y fondos de reserva emitidos por el Seguro Social en contra del Ministerio de Educación, por no afiliar a los educadores populares o comunitarios.

Además, propuso que se les pida información sobre las directrices impartidas a las Direcciones Provinciales del IESS, para que continúe el proceso de verificación de la documentación de los referidos educadores para garantizar el derecho a la Seguridad Social, de acuerdo con lo que estipula la primera disposición transitoria de la LOEI reformada.

Los comisionados Mariuxi Sánchez, Ana María Raffo, Isabel Enríquez y Darwin Pereira señalaron que es preocupante la situación de los educadores populares, porque no pueden acceder a los servicios de la Seguridad Social.

En otro aspecto, los asambleístas tienen previsto realizar trabajo territorial en varias provincias del país. Los días 17 y 18 de septiembre sesionarán en la provincia de El Oro, con la finalidad de profundizar la participación democrática en la elaboración de leyes.

La vicepresidenta de la Comisión, Rocío Guanoluisa, invitó a todos los gremios para que sean partícipe de esta reformatoria. Agradeció la presencia del expresidente de la UNE, pues sus observaciones contribuirán a la construcción de una Ley de Educación Intercultural que beneficie al sector educativo del país.