Además, los jueces provinciales Silvana Caicedo (ponente), Kléber Franco y Juan Camacho, de forma unánime, dispusieron “la inmediata localización, captura y traslado” de Jorge Glas a la cárcel de Cotopaxi.

Este fallo se emitió dos días después de la audiencia de apelación del hábeas corpus otorgado al exvicepresidente correísta. Esa diligencia se instaló, en la Corte Provincial de Santa Elena, a las 9:30 del miércoles 18 de mayo.

Este caso se remonta al 9 de abril de este año. Ese día, Glas se benefició de un hábeas corpus para salir de la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía tres sentencias por asociación ilícita, cohecho y peculado, en tres actos de corrupción diferentes.

La defensa del exvicepresidente argumentó que su cliente sufría enfermedades físicas (hipertensión, gastritis, espondilitis anquilosante) y trastornos psicológicos, que no han sido tratados de forma adecuada. Por eso, el juez de Manglaralto, Javier Moscoso, le otorgó esa medida constitucional y dispuso su inmediata libertad.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado apelaron esa decisión de Moscoso.

Ahora el Tribunal provincial declaró la nulidad de todo lo actuado por el magistrado Moscoso, “por falta de competencia territorial en la tramitación de esta causa de hábeas corpus”. El juez otorgó esa medida constitucional, a pesar de que Glas se encontraba recluido en una cárcel de Cotopaxi y no en una prisión de Santa Elena.

¿Qué se espera luego del fallo?

Expertos constitucionalistas y magistrados provinciales de otras dependencias judiciales señalaron el día de la audiencia de apelación que, si el Tribunal daba paso a la apelación, Glas tendría que volver a la cárcel de Cotopaxi para cumplir sus condenas.

Él tiene dos sentencias ejecutoriadas (tres instancias judiciales ratificaron las penas). La primera es de seis años por asociación ilícita por la trama de corrupción de Odebrecht. La segunda es de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. En cambio, una tercera condena aún está en apelación. Se trata de una sentencia de ocho años por peculado en el caso Siingue.