La mayoría tienen que ver con glosas relacionadas con gestión y contratación pública. Sin embargo, esta misma velocidad para emitir sanciones no se evidencia en el cobro de recursos.   

Luego de elaborar las resoluciones se inicia un largo camino de dos vías hasta llegar a la resolución final. La primera tiene que ver con la apelación que hacen los auditados ante la misma Contraloría. Esto, según la normativa, puede durar hasta 60 días.  

Si la glosa es ratificada, la segunda vía es judicial. Eso se resuelve en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí, según el ente de control, una resolución tarda entre seis y 10 años. De ahí que los recursos se recuperan después de que se cumpla el debido proceso.  

Si se observan los datos entre el 2019 y el 2021, el monto recaudado por glosas es de USD 12,4 millones. Sin embargo, en ese lapso, la Contraloría emitió responsabilidades civiles por USD 3 741 millones. Es decir, en tres años, solamente se ha recuperado el 0,003%. 

En este 2021, el ente recaudó USD 1,1 millones de los casos en fase de predeterminación y determinación de responsabilidades. Además, en etapa de coactiva obtuvo USD 5,6 millones. Es decir, el año pasado recuperó en total USD 6,7 millones.  

Esa cifra contrasta considerablemente con la del 2020 cuando apenas se recuperaron USD 1,9 millones. Pablo Celi, hoy procesado por hechos de corrupción, estaba al frente de la Contraloría. 

Entre el 28 de junio del 2021 y el 31 de mayo del 2022, la Contraloría ha confirmado 1 297 resoluciones con sanciones civiles (glosas). Esto representa USD 1 825 millones y de esto se ha recuperado USD 4,1 millones.