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Para el efecto, el 5 de octubre, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) planteó el recurso legal en contra del Ministerio del Interior. Mediante sorteo, la causa fue asignada a la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, que está dirigida por la jueza Ana Bravo.

En este proceso jurídico, la Aemaj está representada por la abogada Jéssica Cañadas, quien explicó que la pretensión de esta medida es que se conceda custodia policial individual inmediata a cada juez de Garantías Penales de Esmeraldas, ya que desempeñan funciones en condiciones adversas para su integridad.

Adicionalmente, se solicita que se evalúe la situación de inseguridad que viven los jueces penales de la provincia y se realice un análisis de riesgo, detalló.

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Hasta el momento no se ha fijado fecha y hora para una audiencia. Cañadas aclaró que, por tratarse de una medida cautelar autónoma, no es obligatorio que se convoque a una audiencia: la jueza competente puede resolver el tema analizando los elementos presentados por los accionantes y notificar el fallo.

Si bien el pedido de medidas cautelares atiende a los jueces de Esmeraldas, la intención del gremio es que se establezcan mecanismos de protección para todos los jueces penales del país, dado que la inseguridad también está presente en otras provincias.

La representante de la Aemaj explicó que se decidió emprender este recurso legal ante las demoras y trabas que enfrentan los jueces penales en el proceso para solicitar protección policial.

En algunos casos, las solicitudes que envían los magistrados al Ministerio del Interior ni siquiera pasan a la etapa de evaluación de perfil de riesgo, mucho menos se obtiene una respuesta favorable, anotó la abogada.

Existe un instructivo de seguridad individual para la Función Judicial, que fija el procedimiento que debe seguir un juez para que se le otorgue resguardo. La Dirección General de Inteligencia de la Policía y el Ministerio del Interior analizan el pedido y, si se acepta, se determina el tipo de resguardo, así como el número de agentes que se encargarán de la vigilancia, dependiendo del nivel de riesgo del funcionario judicial. La protección dura seis meses y se puede extender por un periodo similar, si es necesario.

Frente a la indefensión que sienten, Jéssica Cañadas contó que los jueces penales se organizan internamente con estrategias que les den cierta seguridad, aunque el acecho del crimen organizado es latente.

Incluso hay magistrados que se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada y contar con guardaespaldas; esos gastos se cubren con los salarios de los jueces, añadió la representante de la Aemaj.

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En lo que va del año se registra el asesinato de un magistrado. Se trata de la muerte de Nelson Patricio Yánez Paredes, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, en Sucumbíos, quien fue acribillado por desconocidos la mañana del 25 de agosto, cuando salía de su casa ubicada en el barrio Simón Bolívar. La víctima recibió diez disparos.

En otro caso, la noche del 19 de septiembre, el juez multicompetente Víctor G., del cantón Shushufindi (Sucumbíos), sufrió un atentado cuando se movilizaba en su vehículo con tres personas más. Dos individuos a bordo de una moto dispararon varias veces contra el automotor que conducía el juez. Como producto del ataque, dos acompañantes del magistrado resultaron heridos. En cuestión de horas, la policía detuvo a los presuntos atacantes.

Este Diario buscó una reacción del Ministerio del Interior por el recurso legal que impulsa la Aemaj. El Departamento de Comunicación de la entidad indicó que no se puede generar un pronunciamiento oficial porque todavía no se ha recibido una notificación del proceso.